Fuente CADENA SER Málaga
La Asociacion Profesional Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) advierte de las numerosas lagunas legales de la nueva normativa del Ayuntamiento de Málaga que pretende analizar los excrementos de los perros para sancionar a los dueños que las recogan.
De momento han presentarse alegaciones al borrador que esta actualmente en trámites en el área municipal de Medio Ambiente. Tras el rechazo que esta normativa ha tenido en algunas ciudades, este colectivo profesional plantea las “dudas legales” que puede tener la implantación de esta medida que otros colectivos consideran que tiena afán recaudatorio tal como ha explicado su presidente, Jesús Gutiérrez.
AEMAVE se opone a la implantación de forma obligatoria en Málaga del llamado ADN canino, que precisa que se realice previa y obligatoriamente un estudio de utilidad, de momento no aprobado. AEMAVE teme que en los términos propuestos la implantación del llamado ADN canino puede llegar a hacer replantearse la posible tenencia y adopción de perros en el municipio de Málaga, dado que se propugna su uso con una finalidad sancionadora que genera una inseguridad jurídica en el posible adoptante o propietario de este animal de compañía.
Las entregas de animales a las protectoras o a los parques zoosanitarios municipales son un logro legal en favor de la protección y bienestar animal que evitan el abandono de animales en la vía pública. AEMAVEconsidera que no se puede discriminar a un adoptante por haber tenido que entregar con anterioridad un animal a alguna de estas instituciones. La ordenanza debe evitar la falta de rigor y las adopciones compulsivas, por lo que la idoneidad del adoptante debe ser valorada de forma particular y exhaustiva, sin hacer las generalizaciones que actualmente recoge el borrador de la ordenanza.
AEMAVE considera que las entidades colaboradoras que reciban ayudas y firmen convenios con el Ayuntamiento de Málaga no deben ejercer actividad comercial alguna amparadas en el cobro de donativos y deberán ser auditadas de forma oficial para asegurar el cumplimiento tanto de la normativa de protección y bienestar animal como de las normativas fiscal y laboral.